Cómo perjudicaría a los estudiantes el desmantelamiento del Departamento de Educación

En una medida ampliamente esperada, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva el 20 de marzo para desmantelar el Departamento de Educación,al tiempo que instaba al Congreso a abolirlo por completo.

Eliminar el departamento, que fue establecido por el presidente Jimmy Carter y el Congreso en 1980, debido a la defensa de la NEA y otros, ha sido un punto clave de la retórica antieducación pública de Trump, como candidato y ahora como presidente.

Durante los dos últimos meses, la Casa Blanca ha emitido directivas imprudentes, destructivas e incluso ilegales para desestabilizar las escuelas públicas y apuntar a algunos de nuestros estudiantes más vulnerables. Incluyen despojar a las escuelas de financiación crítica,  lanzar programas nacionales de vales escolares, proporcionar más financiación y menos supervisión a los operadores privados de escuelas chárter, y dar luz verde a las redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en las escuelas públicas.

A pesar del uso por parte de la administración de una retórica divisiva e inexacta sobre las escuelas públicas, la verdadera agenda es clara: demoler las escuelas públicas —infligiendo daños a millones de estudiantes de bajos ingresos en todo el país en el proceso— para pagar beneficios fiscales a los multimillonarios.

El 90% de los estudiantes estadounidenses y el 95% de los estudiantes con discapacidades aprenden en nuestras escuelas públicas. Los estudiantes de todo el país se benefician de los programas del Departamento de Educación. El desmantelamiento del departamento, según la presidenta de la Asociación Nacional de Educación, Becky Pringle, significaría menos recursos para nuestros estudiantes más vulnerables, clases más numerosas, menos servicios de educación especial para los estudiantes con discapacidades y menos protecciones de los derechos civiles.

“Los estadounidenses no votaron a favor, y no apoyan”, agregó, “poner fin al compromiso del gobierno federal de garantizar la igualdad de oportunidades educativas para todos los niños”.

NUEVOS LLAMADOS PARA ABOLIR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

Desde su creación, el Departamento de Educación se ha enfrentado a continuos llamados de políticos de derecha para su abolición, pero la actual Casa Blanca presenta la amenaza más grave hasta el momento.

El plan de cerrar el departamento formaba parte de la plataforma de campaña del Partido Republicano y se expuso explícitamente en el Proyecto 2025, un anteproyecto político publicado por la Fundación Heritage para guiar una segunda presidencia de Trump. De hecho, la primera frase de la sección de educación del manual del Proyecto 2025 es: “La política educativa federal debería limitarse y, en última instancia, el Departamento de Educación federal debería eliminarse”.

Hacerlo, sin embargo, requiere una ley del Congreso. Y el apoyo bipartidista a un fuerte papel federal para garantizar una educación de calidad para todos los estudiantes ha derrotado en el pasado estos esfuerzos. Justo el año pasado, la Cámara de Representantes de Estados Unidos consideró y rechazó una enmienda a un proyecto de ley que pretendía eliminar el departamento. Más de 60 miembros republicanos se unieron a los demócratas para hacer retroceder el esfuerzo. Sin embargo, la semana pasada se presentó en la Cámara un nuevo proyecto de ley que pide la eliminación del departamento para finales de 2026.

Aunque cerrar oficialmente las puertas del Departamento de Educación puede resultar difícil, desmantelar sus funciones clave y despojarlo de sus fondos es un peligro muy real y presente. Según informa The Wall Street Journal, la Casa Blanca está considerando una serie de medidas ejecutivas que suprimirían programas que no están “explícitamente en el estatuto del departamento” y transferirían otras funciones a otros departamentos federales; o, en efecto, desmantelarían el Departamento de Educación sin cerrarlo técnicamente.

CÓMO PAGARÁN EL PRECIO LOS ESTUDIANTES Y LAS FAMILIAS

A la Casa Blanca le gusta argumentar que abolir el Departamento de Educación es necesario para “devolver el poder a los estados”. Los estados ya controlan la mayor parte de laeducación pública, pero promover el mito de la tiranía federal es una forma de ocultar el hecho de que los estudiantes —especialmente los de ingresos más bajos de las comunidades rurales, suburbanas y urbanas y los estudiantes con discapacidades— van a perder mucho.

El Departamento de Educación es un defensor fundamental a la hora de hacer cumplir las leyes federales que prohíben la discriminación y de garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a una educación que les ayude a alcanzar su pleno potencial. Desmantelarlo significa desfinanciar programas que alimentan, educan y protegen a nuestros estudiantes más vulnerables y desatendidos, y hará que muchas familias tengan miedo y ansiedad y las comunidades sufran.

Estos son los programas clave que se verían afectados:

• El Título 1, que dirige el dinero a las escuelas con altas concentraciones de estudiantes que viven en la pobreza y proporciona apoyos como especialistas en lectura y clases más reducidas, podría verse diezmado si, como se propone en el Proyecto 2025, se convierte en subvenciones en bloque y se entrega a los estados individuales, sin ningún tipo de responsabilidad o supervisión. Según un análisis del Centro para el Progreso Americano, podrían perderse 180,000 puestos docentes, lo que afectaría a 2.8 millones de estudiantes de comunidades con bajos ingresos.
• Aproximadamente 7.5 millones de estudiantes; es decir, el 15% de la población estudiantil, reciben educación especial en virtud de la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés), que destina $15,000 millones a apoyar a los estudiantes con discapacidades. Este programa podría transferirse a otra agencia, lo que reduciría significativamente las probabilidades de que los estudiantes con discapacidades reciban los servicios y el apoyo que necesitan y merecen.
• Muchos esperan que la Casa Blanca traslade la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación al Departamento de Justicia, una medida que debilitaría gravemente su capacidad para proteger a los estudiantes contra la discriminación por motivos de raza, género y discapacidad. La ausencia de una fuerte supervisión federal dejaría a millones de estudiantes vulnerables a la discriminación, lo que daría lugar a niveles más bajos de motivación y rendimiento académico y a un mayor riesgo de abandono escolar.
• El Departamento de Educación también administra las becas Pell, los préstamos federales para estudiantes, y los programas de reembolso y condonación de préstamos. El treinta por ciento de los estudiantes universitarios estadounidenses dependen de estos préstamos federales para su matrícula. Los estudiantes y las familias podrían perder este apoyo, lo que provocaría un mayor abandono escolar, menos opciones y menos posibilidades para las familias.

‘LOS EDUCADORES NO SE CALLARÁN’

Al despojar al Departamento de Educación de recursos y autoridad, la Casa Blanca y sus aliados podrían fortalecer ampliamente los principios clave de la agenda extremista contra la educación pública que ya se está aplicando a nivel estatal en muchas partes del país. Los vales escolares privados encabezan esta lista.

“La intención es clara”, dijo Pringle. “Privar a nuestras escuelas públicas de los recursos que necesitan nuestros estudiantes y canalizar estos recursos hacia escuelas privadas discriminatorias y que no rinden cuentas o a recortes fiscales para los multimillonarios que financiaron su campaña”.

Apenas la semana pasada, Trump firmó una orden ejecutiva diseñada para drenar recursos de nuestras escuelas públicas a través de vales; una catastrófica idea que cuando se pone directamente delante de los votantes, es rotundamente rechazada.

Y según una encuesta reciente del Wall Street Journal, más del 60% de los votantes se oponen al desmantelamiento del Departamento de Educación, con mayorías similares que apoyan dar prioridad a la financiación de la educación frente a los recortes fiscales. Las familias de todo el país apoyan escuelas públicas fuertes porque entienden que los estudiantes necesitan más oportunidades, más recursos y mayores protecciones, no menos.

“Los educadores no se quedarán callados mientras los políticos que están en contra de la educación pública intentan robar oportunidades a nuestros estudiantes, nuestras familias y nuestras comunidades en todo Estados Unidos”, afirmó Pringle. “Junto con los padres y aliados, seguiremos organizando, defendiendo y movilizando para que todos los estudiantes cuenten con escuelas bien dotadas de recursos que permitan a cada estudiante crecer hasta alcanzar su plena brillantez”.