De qué forma el Proyecto 2025 devastaría la educación pública

En un clima político hiperpolarizado, sería raro encontrar algo con lo que la mayoría de las personas esté de acuerdo.

Sin embargo, respecto de la cuestión del Proyecto 2025, el público estadounidense está unido: el borrador de más de 900 páginas para otra presidencia de Trump, creado por la Heritage Foundation, sería desastroso para la nación.

Los autores del Proyecto 2025 lo describen como “la última oportunidad que tendrá el próximo presidente conservador de salvar nuestra república.” De hecho, el Proyecto 2025 es un plan detallado, peligroso y de gran envergadura para aumentar de manera exponencial el poder presidencial, despojar a nuestro sistema de mecanismos de control y sentar las bases de una agenda política de extrema derecha.

“Se trata de un plan para que Estados Unidos regrese a un pasado oscuro,” manifestó la vicepresidenta Kamala Harris en julio. Donald Trump sostiene que “no sabe nada” del Proyecto 2025, aunque muchos de sus aliados y funcionarios de la anterior administración participaron en su creación.

A través de encuestas sucesivas se determina que, respecto de la mayoría de las personas, cuanto más conocen el Proyecto 2025, más les desagrada.

Una encuesta nueva realizada por Navigator revela que el 53% (incluido el 37% de Republicanos “anti-MAGA”) se opone al Proyecto 2025, en contraste con sólo el 12% que apoya al plan.

¿Qué es lo primero que se les viene a la mente a los estadounidenses cuando se enteran del Proyecto 2025? De acuerdo con la encuesta de Navigator, consideran que el plan contempla despedir a miles de empleados de la administración pública por decreto a fin de reemplazarlos con soldados de MAGA que le son leales sólo a Donald Trump. También piensan en una agenda que elimina la cobertura de atención médica para enfermedades preexistentes y que arrasa con Medicare y el Seguro Social.

Pero el Proyecto 2025 no termina ahí. La educación pública no se salva. El Proyecto 2025 promete desmantelar el Departamento de Educación, una promesa que Donald Trump ha repetido en varias oportunidades durante los actos de campaña (y ha sido defendida por los candidatos presidenciales del Partido Republicano antes que él). Betsy DeVos, que ha expresado su interés por participar en una segunda administración Trump, llamó a abolir el departamento que alguna vez dirigió en una cumbre de Moms for Liberty en julio.

El objetivo general del Proyecto 2025 es minimizar el rol federal en la educación y reducirlo “a uno de una agencia de estadísticas que divulga información a los estados.” (Incluso este rol sería socavado por el plan del Proyecto 2025 de prohibir la recolección de la información demográfica necesaria para documentar desigualdades).

Sin un control federal, una segunda administración de Trump podría impulsar con fuerza los principios básicos de la extremista agenda antieducación pública que ya se implementa a nivel estatal en muchas partes el país.

Privar de apoyo a los estudiantes más vulnerables

Desde 1965, el Titulo I ha brindado ayuda fundamental a las escuelas y distritos con alto índice de pobreza. El Proyecto 2025 planea eliminar la financiación del Título I de manera total. En su lugar, los estados recibirán subsidios globales sin ninguna restricción y sin ningún tipo de regulaciones o control.

De acuerdo con este plan, los ya ajustados presupuestos educativos serán aún más restringidos, socavando los resultados académicos de los 2.8 millones estudiantes más vulnerables de la nación.

Un análisis reciente llevado a cabo por el Centro para el Progreso Americano (Center for American Progress) reveló que la eliminación de la financiación del Título I también empeoraría la actual escasez de maestros al aniquilar hasta el 6% de la fuerza de trabajo, concentrada en comunidades de bajos ingresos.

“Eliminar la financiación del Título I se traduciría en la pérdida de miles de maestros y, en última instancia, la limitación del acceso de los niños a una educación de calidad,” manifestó Will Ragland, vicepresidente de investigaciones de Promoción y Divulgación de CAP. “Sería devastador para las escuelas, los estudiantes, las familias y las comunidades locales.”

“Si el Proyecto 2025 logra aniquilar esta financiación, los estudiantes no recibirán más el apoyo que necesitan,” dijo Denise Specht, presidenta de Education Minnesota. “Y el personal que brinda dichos servicios y apoyo perderá su puestos de trabajo. Necesitamos poder emplear a más personal y no quitar más personal de nuestras escuelas.”

El Proyecto 2025 también establece el fin del programa Head Start, que atendió a mas de 833,000 niños en el año fiscal 2022, y podría eliminar las comidas escolares gratuitas que garantizan la seguridad alimentaria a millones de niños.

“Derechos de los padres” y censura como ley federal

En 2023, los miembros del Congreso intentaron aprobar un proyecto de ley que pudo haber acelerado la censura en las escuelas y despojado a los educadores de autonomía en las decisiones referidas a los planes de estudio. Los partidarios del proyecto de ley lo llamaron “declaración de derechos de los padres,” otro ejemplo del ardid engañoso pero común de usar etiquetas populares y asimilables para ocultar planes impopulares y dañinos.

El proyecto de ley falló y el ataque a la libertad de leer, aprender y enseñar se ha producido en gran medida a nivel estatal. No obstante, el Proyecto 2025 promete intentarlo de nuevo, al establecer como prioridad la censura del aprendizaje académico y la prohibición de libros en las escuelas.

En caso de adoptarse, según PEN America, “el Proyecto 2025 intensificaría la prohibición de libros e impondría un mayor clima de censura y autocensura en las escuelas y campus universitarios, además silenciaría a los educadores y estudiantes; todo ello a nivel nacional.”

Codificar la discriminación contra los estudiantes LGBTQ+

Mientras que las leyes anti-LGBTQ+ se han multiplicado en los estados, el Proyecto 2025 promueve la discriminación contra las personas LGBTQ+ en todas las áreas y a escala nacional. Busca negar la existencia de las personas transgénero, socavar los derechos de los matrimonios del mismo sexo y rescindir las protecciones de los derechos civiles federales siempre que sea posible, incluso en las escuelas públicas.

“El [Proyecto 2025] le conferiría a Trump facultades sin precedentes para eliminar muchas de las protecciones por las que la comunidad LGBTQ+ ha luchado durante décadas,” señaló Cathryn Oakley, directora sénior de Políticas Legales de Human Rights Campaign. “Ningún ámbito de nuestras vidas estaría fuera de su alcance: el consultorio del médico, nuestras aulas, nuestros lugares de trabajo ni nuestras familias.”

La revisión del Título IX de la administración Biden, que entró en vigencia el 1 de agosto de este año, prohíbe la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. De acuerdo con estos cambios, se les prohíbe a las escuelas obligar a los estudiantes transgénero a usar los baños y vestuarios que no se alineen con su identidad de género. Además, las escuelas también tendrían que nombrar a los estudiantes con los pronombres que elijan.

El Proyecto 2025 promete desechar éstas y otras regulaciones del Título IX al manifestar que: “La próxima administración debe abandonar el cambio al redefinir ‘sexo’ para que signifique ‘orientación sexual e identidad de género’ en el Título IX de inmediato en todos los departamentos.”

El Proyecto 2025 despotrica contra lo que califica como “la propagación de la ideología transgénero” al equipararla con la “pornografía.” En los planes se establece que los educadores y los bibliotecarios públicos que difundan libros y demás material que aborden las identidades transgénero deberían ser registrados como agresores sexuales.

Vouchers para las escuelas privadas en todos los estados

En 2022-23 más estados aprobaron o ampliaron las leyes de vouchers escolares que en otros años anteriores. Pero la evidencia es irrefutable: los vouchers son usados por las familias con hijos que ya están en las escuelas privadas para subsidiar su instrucción y sus costos tan elevados desvían los fondos que estaban destinados a las escuelas públicas, en detrimento del 90% de nuestros estudiantes que asisten a las escuelas públicas.

La mayoría de los vouchers escolares son en forma de Cuentas de Ahorro para la Educación (Education Savings Accounts, ESA). A través de una ESA, una parte de la financiación de la educación por alumno de un estado se deposita en una cuenta que los padres pueden aprovechar para pagar los gastos educativos autorizados, incluida la enseñanza escolar privada.

Según Betsy DeVos, una ley federal de vouchers escolares era una prioridad máxima durante la primera presidencia de Trump. Pero el Congreso rechazó sus propuestas.

Al exigir una ley federal de vouchers, el Proyecto 2025 promete “modelar” el programa de vouchers ESA que se enraizó en Arizona. Esto sería catastrófico. El de Arizona es uno de los programas de vouchers más grandes de la nación y uno de los más inexplicables. Lejos de servir a las familias de bajos ingresos, los vouchers de Arizona benefician en gran parte a las familias de las escuelas privadas, malversan fondos valiosos de las escuelas públicas y han desestabilizado el presupuesto del estado.

“Las repercusiones para los estudiantes y las escuelas públicas y las comunidades que dependen de ellos son desastrosas. Lamentablemente, Arizona es la primera muestra,” indicó Jessica Levin, directora de litigios de Education Law Center.

El Proyecto 2025 también debilitaría las regulaciones contra las escuelas autónomas, que quitan la financiación de las escuelas públicas tradicionales, las cuales apenas tienen que rendir cuentas ante los contribuyentes o los padres.

Atacar la voz de los educadores

Al calificar a la Asociación Nacional de Educación (NEA) como un “grupo de interés especial radical,” el Proyecto 2025 le exige al Congreso que revoque la autorización que le otorgó a NEA y amenaza a la capacidad de los educadores de convocarse y trabajar unidos para defender a sus estudiantes y su profesión.

NEA es una voz poderosa para las escuelas públicas de todo el país, al movilizar a sus miembros para lograr más financiación de la educación, salarios más altos para los educadores y manifestarse en contra de los programas de privatización de las escuelas.  El Proyecto 2025 concibe a la voz colectiva de los educadores como un gran obstáculo para implementar su agenda extremista a nivel local y estatal. Es por ello que busca demoler su poder de negociación colectiva; de hecho, busca desmantelar el derecho de todos los trabajadores a organizarse a través de sindicatos y la capacidad de defenderse a sí mismos y a sus estudiantes.